García Chutá, Sololá

El exdiputado Marcelino García Chutá es otro de los “caciques” destronados en este proceso. García Chutá fue el primer diputado elegido en tres ocasiones por Sololá: en el 2007 con el Partido Unionista, y en 2011 y 2015 con el PP.

Su familia ha tenido gran presencia política en San José Chacayá y en todo el departamento, en general. Luis Florencio, su hermano, fue electo alcalde de este municipio por el Partido Unionista en 2003 y 2007; posteriormente fue designado gobernador de Sololá en 2012, cuando fue secretario departamental del entonces partido oficial PP.

En tanto su otro hermano, Dagoberto Domingo, fue electo alcalde de este municipio en 2015 con el PP y reelecto, según los resultados provisionales, en los últimos comicios, esta vez con la UNE.

La carrera política de Marcelino García Chutá fue interrumpida al ser procesado por el caso Plazas Fantasma del Congreso, al ser integrante de la Junta Directiva en el periodo 2014-2015.

Los señalamientos contra el excongresista no pararon. El estudio Sololá y Totonicapán: Libre decisión y clientelismo político da cuenta de un probable uso clientelar para captar votos.

Reseña el estudio: “Sin ningún reparo, el sitio web oficial de gobernación departamental mostraba, en pleno auge legal de la campaña electoral, a los hermanos García Chutá, gobernador y diputado distrital de Sololá, respectivamente, visitando los municipios del departamento de Sololá y entregando por tres días consecutivos 13,100 raciones del Programa Social Mi Bolsa Segura”.

El investigador social Josué Chavajay, oriundo de San Pedro La Laguna, Sololá, señala que este uso clientelar se da en toda clase de instituciones del Estado.

“Los programas del Ministerio de Agricultura también los administraban ellos —los García Chutá—, el control de estos recursos los vuelve una mezcla de “benefactores perversos”. Acá la descentralización no ha funcionado como quisiéramos, sino como una maraña clientelar”, señala Chavajay.

“El diputado es el operador a escala nacional para conseguir recursos. A nivel local las oficinas de muchos programas se colocan en la casa del alcalde o sus familiares. Esto va muchas veces alineando los intereses”, comenta Chavajay.

Este tipo de prácticas apunta el investigador, aprovecha en el caso de muchas comunidades indígenas “el valor de la palabra” para comprometer luego el voto.

“Aprovechan el compromiso, el valor de la palabra, para captar el apoyo de las comunidades, presentan el apoyo del Estado como un favor y no como un derecho. Algunas personas aún no dimensionan el daño que trae este clientelismo político”, afirma Chavajay.

La influencia de la familia García Chutá en la política de Sololá continúa. El pasado 23 de junio, durante una gira de agradecimiento de la candidata presidencial Sandra Torres por el departamento, entre los líderes locales de la UNE se encontraba Luis Florencio García Chutá, exgobernador departamental y secretario del PP en el 2012.

Al cierre de esta edición no se había logrado establecer comunicación con el excongresista Marcelino García Chutá, quien desde octubre último se encuentra en arresto domiciliario.

Caciques, entre la caída y la continuidad

Diputados con varias reelecciones en su historial salieron del Congreso por impedimentos legales o derrota en las urnas, pero sus lógicas clientelares siguen.

Cacique: “hombre grande”, “el cabeza”, es una palabra de origen arawako —idioma originario de las Antillas—. El término era utilizado desde la primera mitad del siglo XVI por los conquistadores españoles para designar a los jefes de poblaciones, para nombrar a los intermediarios entre el poder central, concentrado en los criollos, y los poderes locales.

El vocablo sobrevive aún en el siglo XXI en Guatemala, encarnado en los líderes políticos con amplio poder en sus territorios y continuidad en el cargo, en su mayoría hombres. Las diputaciones y alcaldías claves permiten identificar a estos caciques. Electos por voto popular, su permanencia en el cargo muchas veces obedece a amplias redes clientelares que captan los sufragios elección tras elección.

Un cacique no necesariamente corresponde a la presencia de población indígena; existen en todo tipo de comunidades. El antropólogo Carlos Fredy Ochoa García señala en el estudio Sololá y Totonicapán: Libre decisión y clientelismo político, que el “caciquismo” es una suerte de versión latinoamericana del clientelismo. Ante la ausencia de servicios del Estado y condiciones de pobreza generalizada, la figura del “cacique” como el gestor de recursos públicos se consolida, y mantiene el control político.

Añade el estudio: “No es un solo individuo el que maneja una red, sino un grupo más amplio de personas que, posicionados a diverso nivel, se apoyan mutuamente para alimentar esta red clientelar”. Los recursos públicos a nivel estatal, a nivel municipal, son muchas veces el combustible para la maquinaria electoral de los caciques en busca de su reelección. Pero su puesta en marcha requiere de redes más amplias de intermediarios.

Desde el auge de los procesos judiciales a partir de 2015, por las investigaciones conjuntas del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), sin embargo, muchos liderazgos locales se han visto apartados del poder. Al menos 22 diputados de la legislatura 2016-2020 dejaron la curul por procesos judiciales, y otros siete de la anterior gestión no se postularon a los comicios del 2015.

Prensa Libre ha seleccionado el caso de tres líderes regionales que han perdido su posición de poder, ya sea por procesos judiciales o por haber sido derrotados en las urnas, para ahondar en este fenómeno: los exdiputados Carlos Enrique López Girón, de Quiché, y Marcelino García Chutá, de Sololá, ambos fuera de la anterior contienda electoral por enfrentar causas judiciales, y el aún legislador Iván Arévalo, de Totonicapán, derrotado en los recientes comicios.

El caso López Girón, en Quiché

Prensa Libre visitó los municipios de San Pedro Jocopilas y San Antonio Ilotenango, en Quiché, luego de los recién pasados comicios, para entender la influencia del exdiputado Carlos Enrique López Girón en ese departamento.

López Girón fue gobernador de Quiché a inicios de los años 1990, durante el gobierno de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). Más tarde fue electo diputado por este departamento, en 2003 y 2007, por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Luego se incorporó a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y fue electo legislador en el 2011 por la alianza UNE-Gana, y en el 2015 fue electo nuevamente por la UNE.

Para el actual proceso electoral López Girón no se postuló. Está prófugo desde marzo de 2017, acusado en el caso Plazas Fantasma del Congreso, y perdió la curul. En el 2019 fue acusado nuevamente, esta vez por el caso de financiamiento electoral no reportado a la UNE durante la campaña del 2015.

El exdiputado es originario de San Pedro Jocopilas, un municipio que se encuentra a 15 minutos de la cabecera, Santa Cruz del Quiché. Este poblado ha sido el epicentro del poder de los López Girón en el departamento, Fredy Armando López Girón, hermano del exdiputado, fue su alcalde durante 20 años, entre 1995 y 2015, con la DCG, el FRG, la alianza UNE-Gana y la UNE.

En los comicios del 2015, sin embargo, postulado por la UNE, ocupó el segundo lugar en la elección municipal. Para entonces el exjefe edil arrastraba hallazgos de la Contraloría General de Cuentas sin desvanecer durante su gestión entre 2008 y 2012, debido a pagos por trabajos municipales de Q374 mil sin que hubiera constancia de que se ejecutaron.

Su inscripción en el 2015 fue impugnada en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la oenegé pro-transparencia Acción Ciudadana, aduciendo que no reunía los requisitos “de capacidad, idoneidad y honradez” que establece el artículo 113 de la Constitución, Derecho a optar a empleos o cargos públicos.

El pleno de magistrados del TSE, según acta 82-2015, conoció la solicitud y la declaró “bajo análisis”. Fredy Armando López pudo participar en el proceso electoral, pero al dejar el cargo fue ligado a proceso y condenado en octubre de 2016, por peculado, a cuatro años de prisión. La pena fue suspendida.

Al momento de visitar San Pedro Jocopilas, tres días después de los comicios del recién pasado 16 de junio, aún se percibían cierta tensión. Vecinos relataron que fue retenida una persona, presuntamente de la UNE, porque tomaba fotografías durante la emisión del voto.

Agentes de la policía local confirmaron que tuvieron que intervenir para liberar a esta persona y la detuvieron por vulnerar la secretividad del voto. “¿Ve el parabrisas roto de esa patrulla?”, señala un agente, “pues fue una piedra que nos lanzaron al sacar al detenido. Apenas si logramos sacarlo”.

Rodrigo Salguero Godoy, jefe de la Comisaría 71 de Quiché, refirió que un grupo de pobladores “intentó hacer justicia por su propia mano”, por lo que tuvieron que intervenir para rescatarlo y procesarlo luego por presuntos delitos electorales.

“Aquí alguna gente está harta: se trasladó a votantes, ha circulado dinero para comprar votos; afortunadamente la cosa no pasó a mayor, pero sí hubo momentos tensos”, relata un poblador que pidió reserva de su nombre.

Otros dos testimonios recogidos dan cuenta de que un camión con bolsas de alimentos intentó ingresar en el municipio, el viernes anterior a los comicios, para repartirlos entre los vecinos. “Un grupo de otro partido lo interceptó y repartieron ellos las bolsas. Lamentablemente, aquí el voto muchas veces se compra”, dice un poblador.

En la tierra del excongresista López Girón no son desconocidas las denuncias por manejos anómalos para gastos de campaña. El exdiputado, prófugo desde 2017 por otro caso, fue acusado este año de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado en la campaña de la UNE en el 2015.

Según uno de los testimonios judicializados del caso, consultado por Prensa Libre, el fiscal titular de la UNE en Quiché, Óscar Romeo Argueta, declaró en el MP que dos días antes de los comicios lo llamó el entonces diputado para que proporcionara su nombre completo y número de DPI, para girarle un cheque de Q50 mil para gastos del día de las elecciones.

La imputación de la fiscalía apunta a que este dinero provenía de una cuenta de Maariv, S.A., una empresa de fachada utilizada para concentrar fondos no registrados por el partido.

En el mismo testimonio se detalla cómo otros cheques fueron entregados a los alcaldes en busca de reelección Raymundo Cobo, de Nebaj, y Ángel Ren, de Chiché, de la misma agrupación, “para el pago de fiscales y otros gastos en Quiché”, según la declaración judicial.

El investigador social Carlos Fredy Ochoa señaló que la existencia aún de grandes distancias entre comunidades en Quiché y las juntas receptoras de votos “es una gran debilidad del sistema” que contribuye a las prácticas clientelares de caciques locales que facilitan “comida y transporte” el día de las elecciones.

Una situación que muestra “el racismo estructural y la falta de confianza en las mismas comunidades” apuntó el antropólogo.

El pasado 20 de junio, la Sala Regional Mixta de Quiché rechazó sin haber llegado a conocer a fondo las solicitudes de retiro de antejuicio contra ambos alcaldes. Esto luego de cuatro meses de análisis por parte de la sala integrada por la presidenta Clemen Vanessa Juárez Midence y las vocales Bertilda Jorbeth Juárez y Flor de María García Villatoro.

En este mismo testimonio se relata que Argueta conocía a Carlos López Girón desde los 16 años, cuando ambos jugaban en la selección de fútbol de Quiché. “Yo sabía que al momento de ganar yo podía tener una puerta abierta con él”, refiere la transcripción de la declaración.

Según vecinos de San Pedro Jocopilas, se ha visto al exdiputado en la zona, pero nadie se ha atrevido a denunciarlo.

Para las recientes elecciones, el hijo del excongresista, Carlos Enrique López Maldonado, encabezó la lista de candidatos a diputado por la UNE en Quiché, y según los resultados preliminares, fue electo.

López Maldonado ya había asumido una curul por ese departamento en el 2016, al sustituir a un candidato electo que no pudo ocupar el cargo por ser contratista del Estado.

Se buscó la versión de López Maldonado sobre la influencia de su familia en Quiché, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

Centro de San Pedro Jocopilas, Quiché
Carlos López Girón es uno de los caciques caídos que gobernaron por largos años en Quiché foto por Carlos Hernández Ovalle
20/06/2019

Arévalo, Totonicapán

El caso de Iván Arévalo, en Totonicapán, es diferente. El todavía congresista no fue reelecto en las recién pasadas elecciones. Buscaba por séptima ocasión ser diputado por este departamento, esta vez con el partido Podemos.

Arévalo fue electo diputado con el FRG en 1995, 1999, 2003 y 2007. Luego logró dos gestiones más con el Partido Patriota (PP), en 2011 y 2015.

En la actualidad es jefe de bloque de Movimiento Reformador (MR) y mantenía un amplio poder en el departamento, a pesar de los cuestionamientos de que fue objeto durante años por supuestos manejos clientelares de recursos públicos para obtener el respaldo de vecinos.

En el 2001, cuando dejó la curul para dirigir el Fondo de Inversión Social, un grupo de pobladores quemó su casa, en la cabecera de Totonicapán, donde también funcionaba la sede departamental del FIS.

Pese a ello mantuvo poder en el departamento, gracias a su influencia en diferentes alcaldías, hasta su derrota en los últimos comicios.

Su hermano Édgar Leonel Arévalo Barrios fue alcalde de la cabecera de Totonicapán entre 1999 y 2003, además de diputado distrital por el departamento entre 2003 y 2015.

Para Rosa García, abogada y exintegrante de la junta directiva de 48 Cantones de Totonicapán, una de las razones del dominio de los Arévalo durante tantos años fue su alianza con alcaldías claves del departamento y a veces también con alcaldías comunitarias.

“Fue importante su dominio también de la alcaldía de la cabecera con Bernardo Chavaloc —alcalde entre 2003 y 2015—” señaló García.

Según la abogada, Durante muchos años ese control le permitió a Arévalo canalizar recursos para potenciar su imagen política.

“Regalaban block, animales de granja, láminas. Hubo un año que hasta regalaron perrajes y huipiles, jugando hasta con la identidad de las mujeres indígenas. Ellos siempre han mantenido ese poder grande. Fue hasta la derrota en la alcaldía de la cabecera, en 2015, cuando ya se visibilizó la pérdida de cierto poder”, destacó García.

El doctor Ochoa, investigador sobre redes clientelares y poder local, explica que “el Estado está penetrado por redes clientelares, las municipalidades funcionan muchas veces como los ramales que mueven el aparato”.

“El cacique —para continuar en el poder— debe tener el apoyo de los alcaldes cruciales en un departamento. Estos son los principales intermediarios políticos”, señala Ochoa.

En cuanto a los Arévalo, apunta el analista, “pareciera que perdieron la confianza del electorado para mantener la misma lógica clientelar”.

“Lo que se ve, se cree. Era uno de los lemas de los Arévalo en Totonicapán. Promocionaban cada obra como si fuera algo proveniente de ellos. Aunque creo que perdieron fuerza, siguen presentes, y otros candidatos han retomado sus prácticas”, comenta la abogada García.

Otros factores que la jurista considera desgastantes para estas figuras políticas son la masacre de la cumbre de Alaska, el asesinato de seis campesinos durante una protesta en el 2012, mientras los Arévalo eran parte del partido oficial, y la petición de renuncia a los cuatro diputados de Totonicapán de parte de los alcaldes comunitarios de los 48 Cantones. en 2017.

Ochoa y García coinciden en que, además, el voto cruzado marcó en buena medida las elecciones en Totonicapán, ya que la candidata Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, fue la más votada en el departamento, mientras que las diputaciones se dividieron entre la UNE, Vamos, Bien y Todos, y las alcaldías entre cinco partidos políticos, según los resultados preliminares.

Se intentó contactar al diputado Arévalo para que expusiera su opinión, pero no fue posible comunicarse con él.