Caciques, entre la caída y la continuidad

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Diputados con varias reelecciones en su historial salieron del Congreso por impedimentos legales o derrota en las urnas, pero sus lógicas clientelares siguen.

Cacique: “hombre grande”, “el cabeza”, es una palabra de origen arawako —idioma originario de las Antillas—. El término era utilizado desde la primera mitad del siglo XVI por los conquistadores españoles para designar a los jefes de poblaciones, para nombrar a los intermediarios entre el poder central, concentrado en los criollos, y los poderes locales.

El vocablo sobrevive aún en el siglo XXI en Guatemala, encarnado en los líderes políticos con amplio poder en sus territorios y continuidad en el cargo, en su mayoría hombres. Las diputaciones y alcaldías claves permiten identificar a estos caciques. Electos por voto popular, su permanencia en el cargo muchas veces obedece a amplias redes clientelares que captan los sufragios elección tras elección.

Un cacique no necesariamente corresponde a la presencia de población indígena; existen en todo tipo de comunidades. El antropólogo Carlos Fredy Ochoa García señala en el estudio Sololá y Totonicapán: Libre decisión y clientelismo político, que el “caciquismo” es una suerte de versión latinoamericana del clientelismo. Ante la ausencia de servicios del Estado y condiciones de pobreza generalizada, la figura del “cacique” como el gestor de recursos públicos se consolida, y mantiene el control político.

Añade el estudio: “No es un solo individuo el que maneja una red, sino un grupo más amplio de personas que, posicionados a diverso nivel, se apoyan mutuamente para alimentar esta red clientelar”. Los recursos públicos a nivel estatal, a nivel municipal, son muchas veces el combustible para la maquinaria electoral de los caciques en busca de su reelección. Pero su puesta en marcha requiere de redes más amplias de intermediarios.

Desde el auge de los procesos judiciales a partir de 2015, por las investigaciones conjuntas del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), sin embargo, muchos liderazgos locales se han visto apartados del poder. Al menos 22 diputados de la legislatura 2016-2020 dejaron la curul por procesos judiciales, y otros siete de la anterior gestión no se postularon a los comicios del 2015.

Prensa Libre ha seleccionado el caso de tres líderes regionales que han perdido su posición de poder, ya sea por procesos judiciales o por haber sido derrotados en las urnas, para ahondar en este fenómeno: los exdiputados Carlos Enrique López Girón, de Quiché, y Marcelino García Chutá, de Sololá, ambos fuera de la anterior contienda electoral por enfrentar causas judiciales, y el aún legislador Iván Arévalo, de Totonicapán, derrotado en los recientes comicios.

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